¿Son las Consultas un mecanismo de negociación justo? Un análisis de las capacidades de negociación de las comunidades en torno a los megaproyectos en México

Abstract

La ponencia busca realizar una crítica a la política de instrumentalización de los Derechos Culturales, especialmente a partir del Derecho a Consulta entre comunidades y pueblos indígenas en el caso de Megaproyectos. Nuestra argumentación descansa en una crítica de la instrumentalización política del Derecho a Consulta de las comunidades y los pueblos indígenas, la cual conllevó a una actuación asimétrica entre una triada de actores (Comunidades-Estado/Gobierno-Empresas) que hace imposible una negociación en términos de condiciones pares y menos aún que cumplan los estándares internacionales. La Reforma Energética del 2013 promovió el derecho a la consulta ante megaproyectos; sin embargo, vacíos legales e intereses locales hicieron que este derecho se convirtiera en un motivo de conflicto adentro de las comunidades y una herramienta de poder por distintos actores y grupos de interés involucrados. Así, el principal obstáculo fue la falta de reglamentación del derecho y un laberinto administrativo que lo hacía inoperante y una estrategia de presión del gobierno contra comunidades y empresas. Ante estas condiciones, la Consulta se convirtió en el centro de una disputa social, política y legal, en donde varios actores ajenos a las comunidades presionaban para obtener el mismo derecho a consulta. Metodológicamente evidenciamos a partir de un análisis de multi-actores los involucrados en conflictos de megaproyectos tienen capacidades desiguales para tomar decisiones y conducir una negociación cuyos resultados sean justos. De ahí que los Derechos Culturales se exhiban por el Estado o las empresas como “metas” y “logros”, cuando lo que realizan son planes de “limpieza de imagen”, vulnerando precisamente los acuerdos y los derechos de las comunidades reduciendo el papel de la cultura a un objeto de ornato o a una posibilidad de realizar planes de “Responsabilidad Social Empresarial” pero vulnerando los derechos territoriales y de posesión de las comunidades sobre sus tierras, formas de vida y símbolos.